Del omnibus naranja a la carpa blanca

Carlos Borro

El presidente Macri y la ministra Bullrich se hermanan en el pensamiento y en la acción. Son un equipo. El primero acusó a la CGT de mafiosa por el paro nacional,  a sus representados de cómplices, y a ambos de impedir, por sus demandas salariales, las inversiones por venir.

Los maestros, una semana atrás, habían recibido los mismos calificativos: por sus reclamos de salarios dignos que el Estado no puede pagar, habrían sido año tras año los responsables del deterioro de la educación pública.

Ambos reclamos tuvieron como respuesta medidas de seguridad: detención de micros naranja que trasladaban piqueteros provenientes del conurbano bonaerense, y la represión a los maestros, por no solicitar autorización para instalar un aula móvil en la plaza del Congreso.

Ambas acciones, que encierran la centralidad represiva del gobierno, tuvieron diferentes respuestas del sistema político. La prohibición de los micros-naranja, que son el medio de transporte de los sectores populares para alcanzar la Plaza de Mayo, que les pertenece desde el 25 de mayo de 1810, busca inmovilizar al conurbano, territorio que registra altos niveles de desigualdad y fuertes organizaciones sociales y políticas que los representan. La protesta de estos sectores en el espacio público encierra un reclamo de trabajo y salario social, que en el imaginario construido por el gobierno es una prebenda y no un derecho.

La CGT condenó, junto a la oposición partidista, a esta vieja herramienta –los piquetes- compartida por ocupados y desocupados, como impropia de una democracia.

La represión a los maestros tuvo otro acompañamiento político que interpelaron al gobierno e hicieron que éste tuviera que explicarse.

El micro, la plaza y el piquete son unidades indivisibles del poder popular, que es ciudadano y democrático, y obligan a la política, por peso propio, a interrogar al gobierno sobre sus prácticas represivas y anticonstitucionales.

Cuando de derechos vinculados a la representación popular se trata, las palabras deben ser cuidadas. El gobierno niega el derecho a reclamar en cualquiera de la formas que excedan el mundo del diálogo, entendido como territorio de rendición. La CGT y la oposición lo saben. Lo viven.

El vasto campo de las fuerzas populares puede, debe y necesita debatir los medios de lucha que cada conflicto requiere. Debatir su utilidad no es una máscara para ocultar un derecho. No se lo merecen los pasajeros y las pasajeras de los micros naranja.

Movimientos sociales: la disputa entre la mendicidad y la política

por Carlos Borro

El primer grito de periodistas en búsqueda de la verdad hoy nace en la televisión. Después se replica a través de los distintos formatos tecnológicos que ofrece Falabella en doce cuotas (para muchos una rémora del  estado de bienestar que el macrismo, víctima de mezquinas prácticas electorales, no puede desterrar). En esta disparidad de medios y de inquisidores, de mejor o peor monta, los movimientos sociales fueron interrogados para echar luz sobre sus prácticas, sobre los "oscuros fines  que despertaron sospechas en la ciudadanía adscripta a la causa republicana": los reclamos de un salario complementario al obtenido en los trabajos cooperativos son vistos como una extorsión al gobierno y un despojo a los ciudadanos que pagan impuestos. Le tocó a Emilio Pérsico, por peso propio (Movimiento Evita y Central de Trabajadores de la economía Social CTEP) en un frente integrado por Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, llevar la peor parte.

No debe ser práctica de los movimientos populares elegir los debates televisivos para juzgar a sus dirigentes por su desempeño y dirimir sus conflictos. Una vez producido ese impropio debate, los conceptos vertidos en él ameritan una discusión antes que un juicio. En ese orden, la voz de Pérsico tiene tonalidades que necesitan mayor  nitidez. Aseverar que es tarea de los movimientos sociales respaldar la democracia, elude una evaluación de la calidad de los actos de gobierno y de los intereses que éstos representan. La privatización de bienes públicos, la desarticulación del estado, la utilización del presupuesto, bien de todos los argentinos, como capital de negocios privados, la tercerización de obligaciones del estado destinada a crear más negocios y la permanente búsqueda de degradación de los derechos laborales, constituyen un breve sumario que alcanza para calificar a esta democracia como deficitaria en la búsqueda del bien común, para que un argentino se parezca a otro. No se trata más que de los derechos establecidos en nuestra carta magna.

Los actos descritos solo pueden ser interpelados desde la política. Si ésta reniega de ello, se anula a sí misma. Renunciar a la interpelación convierte a un movimiento social en uno asistencial. Al decir de una buena católica -María  Zambrano en "Dios y lo Divino"- un asistido es un mendicante y en su condición no reclama, no juzga. Margaret Thatcher, sin la ética de Zambrano y con menos ternura, interpelada en la cámara de los comunes por no usar la renta petrolera del mar del norte para reindustrializar Inglaterra, respondió que prefería consumirla en el sistema social, pues "un obrero es un problema, un asistido no". En la entrevista, Pérsico justificó la salida del Movimiento Evita del bloque del FPV  "porque éste no cumplía con su papel de construir mayoría, con votar en contra se construye minoría". Aseguró que los carenciados pagaban los resultados del exceso del no. El otorgamiento de fondos por parte del gobierno no depende del sí ni del no. Es un derecho conquistado y responde a un mandato constitucional, construido por las luchas populares.

Los límites de la vida política expuestos obligan a distinguir entre movimiento social y movimiento asistencial, y su solapamiento  genera confusión  y oscuridad en las practicas políticas. Esta es una discusión que los movimientos populares se deben a sí mismos para definir su relación con la política.

La suma de las acciones del gobierno no son ni republicanas -porque violentan las instituciones y colocan lo público al servicio de lo privado- ni democráticas. Esto los define como liberales. Defender la democracia implica interpelarla desde la política. Es el único camino para que las víctimas no voten a sus victimarios.

No hay defensa sin  juicio. No hay democracia sin fraternidad. De eso se trata.

De qué se habla cuando no se habla

por Carlos Borro

La marcha federal de los docentes fue multitudinaria y solitaria. El primer calificativo se entiende solo y el segundo merece una explicación que nace en la indignación.
Los docentes reclamaron un incremento salarial, la convocatoria a la paritaria nacional y el respeto a la institucionalidad que los agrupa, CTERA.
Hicieron saber a una sociedad cuyas instituciones  son poco afectas a respetarse a sí mismas que la dignidad que otorga el trabajo no se negocia ni en pasillos ni  despachos. El ámbito es la luz pública y la obligación de los poderes del estado es respetar a la organización sindical docente. De esto se trata: Ctera y la paritaria nacional con el reclamo de unificar un piso salarial para todos los docentes de esta maltratada patria, son la fortaleza que los gremios necesitan en las negociaciones provinciales. No se necesita el Google Map para saber que en las provincias con menor población, con altos niveles de pobreza, con menor institucionalidad o dudosa calidad democrática, los sindicatos docentes, los alumnos y sus familias, padecen los mismos males a la hora de reclamar salarios y calidad educativa que sus iguales del resto de la nación. 
En suma CTERA es un emblema federal de igualdad y fraternidad entre docentes, alumnos, familias, o las formas de organización social que los hombres libres adopten.

En estas virtudes enunciadas por los sindicatos docentes y respaldadas por sus integrantes está su soledad, construida por el silencio de los que tenían que defender la institucionalidad de CTERA y sus reclamos. Callaron parlamentarios opositores, calló la CGT, cuya identidad los obligaba a interpelar al gobierno. Obligarlo a cumplir con la ley es tarea de la oposición. El silencio  que se cobija bajo el difuso concepto de gobernabilidad, de no poner palos en la rueda, se traduce en grados de complicidad. La verdad relativa es el precio que cada uno de los ciudadanos  y dirigentes de este país le pone al silencio. Callar frente a la resistencia de los maestros no es inocente. Sólo de esto hablamos.