El presidente Macri y la ministra Bullrich se hermanan en el pensamiento y en la acción. Son un equipo. El primero acusó a la CGT de mafiosa por el paro nacional, a sus representados de cómplices, y a ambos de impedir, por sus demandas salariales, las inversiones por venir.
Los maestros, una semana atrás, habían recibido los mismos calificativos: por sus reclamos de salarios dignos que el Estado no puede pagar, habrían sido año tras año los responsables del deterioro de la educación pública.
Ambos reclamos tuvieron como respuesta medidas de seguridad: detención de micros naranja que trasladaban piqueteros provenientes del conurbano bonaerense, y la represión a los maestros, por no solicitar autorización para instalar un aula móvil en la plaza del Congreso.
Ambas acciones, que encierran la centralidad represiva del gobierno, tuvieron diferentes respuestas del sistema político. La prohibición de los micros-naranja, que son el medio de transporte de los sectores populares para alcanzar la Plaza de Mayo, que les pertenece desde el 25 de mayo de 1810, busca inmovilizar al conurbano, territorio que registra altos niveles de desigualdad y fuertes organizaciones sociales y políticas que los representan. La protesta de estos sectores en el espacio público encierra un reclamo de trabajo y salario social, que en el imaginario construido por el gobierno es una prebenda y no un derecho.
La CGT condenó, junto a la oposición partidista, a esta vieja herramienta –los piquetes- compartida por ocupados y desocupados, como impropia de una democracia.
La represión a los maestros tuvo otro acompañamiento político que interpelaron al gobierno e hicieron que éste tuviera que explicarse.
El micro, la plaza y el piquete son unidades indivisibles del poder popular, que es ciudadano y democrático, y obligan a la política, por peso propio, a interrogar al gobierno sobre sus prácticas represivas y anticonstitucionales.
Cuando de derechos vinculados a la representación popular se trata, las palabras deben ser cuidadas. El gobierno niega el derecho a reclamar en cualquiera de la formas que excedan el mundo del diálogo, entendido como territorio de rendición. La CGT y la oposición lo saben. Lo viven.
El vasto campo de las fuerzas populares puede, debe y necesita debatir los medios de lucha que cada conflicto requiere. Debatir su utilidad no es una máscara para ocultar un derecho. No se lo merecen los pasajeros y las pasajeras de los micros naranja.
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