jueves, 30 de marzo de 2017

Movimientos sociales: la disputa entre la mendicidad y la política

por Carlos Borro

El primer grito de periodistas en búsqueda de la verdad hoy nace en la televisión. Después se replica a través de los distintos formatos tecnológicos que ofrece Falabella en doce cuotas (para muchos una rémora del  estado de bienestar que el macrismo, víctima de mezquinas prácticas electorales, no puede desterrar). En esta disparidad de medios y de inquisidores, de mejor o peor monta, los movimientos sociales fueron interrogados para echar luz sobre sus prácticas, sobre los "oscuros fines  que despertaron sospechas en la ciudadanía adscripta a la causa republicana": los reclamos de un salario complementario al obtenido en los trabajos cooperativos son vistos como una extorsión al gobierno y un despojo a los ciudadanos que pagan impuestos. Le tocó a Emilio Pérsico, por peso propio (Movimiento Evita y Central de Trabajadores de la economía Social CTEP) en un frente integrado por Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, llevar la peor parte.

No debe ser práctica de los movimientos populares elegir los debates televisivos para juzgar a sus dirigentes por su desempeño y dirimir sus conflictos. Una vez producido ese impropio debate, los conceptos vertidos en él ameritan una discusión antes que un juicio. En ese orden, la voz de Pérsico tiene tonalidades que necesitan mayor  nitidez. Aseverar que es tarea de los movimientos sociales respaldar la democracia, elude una evaluación de la calidad de los actos de gobierno y de los intereses que éstos representan. La privatización de bienes públicos, la desarticulación del estado, la utilización del presupuesto, bien de todos los argentinos, como capital de negocios privados, la tercerización de obligaciones del estado destinada a crear más negocios y la permanente búsqueda de degradación de los derechos laborales, constituyen un breve sumario que alcanza para calificar a esta democracia como deficitaria en la búsqueda del bien común, para que un argentino se parezca a otro. No se trata más que de los derechos establecidos en nuestra carta magna.

Los actos descritos solo pueden ser interpelados desde la política. Si ésta reniega de ello, se anula a sí misma. Renunciar a la interpelación convierte a un movimiento social en uno asistencial. Al decir de una buena católica -María  Zambrano en "Dios y lo Divino"- un asistido es un mendicante y en su condición no reclama, no juzga. Margaret Thatcher, sin la ética de Zambrano y con menos ternura, interpelada en la cámara de los comunes por no usar la renta petrolera del mar del norte para reindustrializar Inglaterra, respondió que prefería consumirla en el sistema social, pues "un obrero es un problema, un asistido no". En la entrevista, Pérsico justificó la salida del Movimiento Evita del bloque del FPV  "porque éste no cumplía con su papel de construir mayoría, con votar en contra se construye minoría". Aseguró que los carenciados pagaban los resultados del exceso del no. El otorgamiento de fondos por parte del gobierno no depende del sí ni del no. Es un derecho conquistado y responde a un mandato constitucional, construido por las luchas populares.

Los límites de la vida política expuestos obligan a distinguir entre movimiento social y movimiento asistencial, y su solapamiento  genera confusión  y oscuridad en las practicas políticas. Esta es una discusión que los movimientos populares se deben a sí mismos para definir su relación con la política.

La suma de las acciones del gobierno no son ni republicanas -porque violentan las instituciones y colocan lo público al servicio de lo privado- ni democráticas. Esto los define como liberales. Defender la democracia implica interpelarla desde la política. Es el único camino para que las víctimas no voten a sus victimarios.

No hay defensa sin  juicio. No hay democracia sin fraternidad. De eso se trata.




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